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La migración venezolana desborda a los Gobiernos de América Latina
La crisis social, económica y política de Venezuela ha dejado de ser un problema exclusivo del país caribeño y se ha convertido en un quebradero de cabeza para toda la región. En los últimos años, las principales potencias han presionado en vano para lograr una salida a la deriva autoritaria de Nicolás Maduro. El problema va ahora más allá. La migración de venezolanos, una riada que supera los 2,3 millones desde 2014, ha puesto en jaque a los Gobiernos de América Latina, que ven cómo la llegada masiva de ciudadanos a sus países puede desbordar los sistemas locales y comienza a generar brotes xenófobos. Las potencias regionales tratan de lograr una respuesta coordinada a la crisis que, dan por hecho, se acentuará tras las últimas medidas económicas de Nicolás Maduro.
“Hay una preocupación generalizada ante un problema de dimensión humanitaria en toda su extensión”, resume un alto cargo de una de las principales potencias del Grupo de Lima, el conjunto de países que, ante el fracaso de la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA), decidió unirse para lograr una salida política y negociada a la crisis venezolana. Hasta ahora, cada país ha aplicado medidas individuales, pero la situación se vuelve insostenible.
Colombia es el termómetro en el que se miden todos los Gobiernos. Desde que comenzó la crisis en el país vecino, ha recibido ya a casi un millón de venezolanos. La mayoría ha entrado por vía terrestre por los pasos oficiales, pero unos 45.000 han usado los caminos irregulares que se esconden en los más de 2.000 kilómetros de frontera conjunta. Para dar respuesta a esta crisis humanitaria, el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos ideó una tarjeta migratoria que permitía el paso a los ciudadanos. Este primer registro sirvió para crear un censo migratorio, aún en desarrollo. A través de este sistema los migrantes tienen acceso al sistema sanitario, educativo y al mercado laboral de manera regular.
Los venezolanos que siguen la ruta hacia el sur de la región -para países como Ecuador, Perú y Chile- recorren los más de mil kilómetros que separan la frontera con Venezuela de la ecuatoriana en autobús. Ante la magnitud de los desplazamientos, las autoridades colombianas son conscientes de que no pueden exigir el pasaporte como requisito de entrada al país, como han decidido hacerlo Ecuador y Perú para controlar la oleada migratoria. “Sabemos que su Gobierno no los está expidiendo, pedirlo es castigar al pueblo por los errores de sus mandatarios”, declaró Christian Krüger, director de Migración Colombia.
Los márgenes de Colombia son regiones sin control estatal, dominadas por los grupos armados y dedicadas al tráfico de drogas, combustible, madera y minería ilegal. Los habitantes de las ciudades fronterizas conviven desde hace décadas con su particular crisis, que no solo se basa en la inseguridad, sino que les niega el acceso a servicios básicos de calidad. La situación de estas comunidades se agravaría más aún si los venezolanos que huyen de su país se quedaran allí confinados.
“Las medidas adoptadas hasta el momento no forman parte de una política pública integral. Cada Estado, dentro del margen de su soberanía, ha adelantado sus medidas de manera independiente”, opina María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, de Bogotá. “Se puede calificar de asistencia humanitaria”, añade. “Hay heterogeneidad y poca consistencia con lo que se ha hecho”, ahonda Dany Bahar, investigador de Brookings Institution, para quien lo más urgente es lograr un consenso regional: “No hay otra solución. La solución a los problemas más obvios, como el colapso de los servicios de salud, va a depender de las políticas públicas que se apliquen. Los Gobiernos tienen que mirar por las ventajas que trae la inmigración”.
Los problemas para los países de la región son múltiples y de distinta escala. Los más urgentes tienen que ver con la asistencia que dan a los migrantes, que llegan en malas condiciones físicas o, como ha ocurrido en Brasil, con enfermedades que han de tratarse con urgencia. Más allá, existe un problema con los documentos legales, ya que las exigencias de los países varían dependiendo del país al que se desplacen e, incluso si se tienen todos los papeles en orden, se dan casos en los que el pasaporte no tiene espacios para sellos, por lo que no pueden ser renovados.
Ecuador y Colombia son los dos países que están impulsando iniciativas para lograr una respuesta coordinada a la crisis migratoria. Entre los que no comparten frontera, México, Chile y Argentina son los más activos. Colombia, por su parte, quiere ir más allá y lograr la implicación de la ONU.
Los expertos y fuentes oficiales rechazan que se haya reaccionado con lentitud ante la crisis migratoria. Consideran que el deterioro de Venezuela ha sido muy rápido y que la hiperinflación ha agudizado el desplazamiento. A ello se suman los esfuerzos en vano para lograr una salida a la crisis política. Desde el Grupo de Lima aseguran que la presión contra Maduro continuará, pero en varias de las Cancillerías de las principales potencias, ante la debilidad de la oposición venezolana, cunde el desánimo. “Hay que mantener ciertos límites, porque no hay unión en la oposición y cada vez es mayor el distanciamiento entre la oposición y la sociedad”, explica una de las fuentes. “Evidentemente, hace falta una sacudida
interna y que se plantee una versión consensuada de alternativa. Si se sigue sin tener un liderazgo claro, es difícil que los esfuerzos de la comunidad internacional fructifiquen”.
Maduro se ha referido en pocas ocasiones a la salida masiva de venezolanos del país y cuando lo ha hecho, lo ha minimizado. “El Gobierno es muy claro, si no quisiera que se fuera la gente, cerraría las fronteras”, sostiene Bahar. “Maduro se convirtió en una amenaza estratégica para la región”, sostiene Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño y consultor para la resolución de conflictos. En su opinión, la crisis migratoria de Venezuela tiene su espejo en Cuba. Si bien, aquella se produjo en distintas oleadas. “La gran diferencia es que Cuba es una isla. Venezuela puede expulsar millones de personas de forma mucho más rápida”.
Ana Marcos y Javier Lafuente, Elpaís.com, 27/08/2018.
